La Unión Europea cuenta a partir de este domingo con un nuevo instrumento legislativo que acercará la política comunitaria a la calle. Se trata de la Iniciativa Ciudadana, una nueva herramienta de «democracia participativa» que entra en vigor ahora pero que consagró el Tratado de Lisboa, la carta de funcionamiento de la UE, en diciembre de 2009.

Ahora, cualquier ciudadano europeo podrá promover una legislación sobre un ámbito de competencia de la Comisión Europea, la institución encargada de proponer leyes a los estados miembros y el Parlamento Europeo.

España será, de hecho, el primer país en liderar la iniciativa ciudadana después de que el jueves el eurodiputado popular, Jaime Mayor Oreja, promoviese una campaña en favor de los derechos de los no nacidos y en contra del aborto.

Esta cumbre, en la que el político español se rodeó de otros 24 eurodiputados y asociaciones provida de 22 países, desembocará en una iniciativa ciudadana que pedirá a la Comisión Europea que promueva buenas prácticas en favor de la vida de los no nacidos.
Comité de ciudadanos

La iniciativa popular comienza con la creación de un comité de ciudadanos integrado por siete o más europeos con edad para votar en el Parlamento Europeo (18 años salvo en Austria, donde la edad mínima es 16).

Este comité deberá estudiar si la iniciativa que va a promover entra dentro del ámbito competencial de la Comisión Europea, ya que hay determinadas políticas que son exclusivas de los estados miembros y que, por tanto, serían desestimadas a la primera.

Por ejemplo, en el caso de la lucha contra el aborto la Comisión no podría hacer una propuesta para que los socios comunitarios prohíban esta práctica o la regulen conforme a determinados supuestos, ya que se trata de una competencia exclusiva de los gobiernos nacionales y sus correspondientes parlamentos.

Una vez que el comité elabora la propuesta legislativa tendrá un plazo de 12 meses para recoger firmas y apoyos de ciudadanos. Al menos debe estar respaldada por un millón de europeos procedentes de, cómo mínimo, siete estados. Y para asegurarse que el apoyo es más o menos equitativo y proporcional al peso de cada Estado, cada país tendrá una cuota mínima de votos obligatorios. En España deben firmar al menos 40.500 personas.

El siguiente paso ya le corresponde al Ejecutivo comunitario, que tendrá tres meses para decidir si la propuesta tiene base legal y se ajusta a sus competencias legislativas.

En ese caso, y siempre que lo estime oportuno, podrá elevar la recomendación al Parlamento Europeo y el Consejo de la UE para promover dicha norma. La Comisión también puede desestimar la propuesta sin que exista posibilidad de recurso para los ciudadanos.

 

Noticia extraída del el Mundo http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/30/union_europea/1333104959.html

 

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