Pese a que el 9% de la población española pertenece a este colectivo, España continúa siendo uno de los países de la Unión Europea con un índice más bajo de integración laboral de las personas con discapacidad.
La integración laboral de personas con algún tipo de discapacidad se apuntaba como una problemática aún no resuelta en España en la Jornada ‘Accesibilidad para empresas’, organizada por la Cámara de Comercio de Madrid y la Fundación Seres. Ambas entidades incluyen dentro de su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) el desarrollo de actuaciones relacionadas con la accesibilidad.
La Ley 13/82 de Integración Social de las Personas con Discapacidad (LISMI) establecía por primera vez en el ordenamiento jurídico español un sistema de integración laboral para las personas con discapacidad, fijando como finalidad la integración de este colectivo en el sistema de trabajo ordinario o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido (artículo 37 dela Ley 13/82). Sin embargo, España aún se encuentra a la cola en cuanto a integración laboral. Es por ello por lo que se ha incluido recientemente entre los objetivos generales del proyecto de Ley de Ciencia, que ha comenzado ya su tramitación en el Senado, «fomentar la innovación e investigación aplicada al desarrollo de entornos, productos, servicios y prestaciones que garanticen los principios de inclusión, accesibilidad universal, diseño para todos y vida independiente en favor de las personas con discapacidad o en situación de dependencia».
El 20% de las personas con discapacidad en España se siente discriminado en su puesto de trabajo.
Según un estudio elaborado por la Fundación Randstad, dedicada a la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social, el 20% de las personas con discapacidad en España se siente discriminado en su puesto de trabajo, si bien esta cifra supone un descenso de seis puntos porcentuales respecto al último estudio que se realizó en 2009, cuando la cifra llegaba al 26%. Ello demuestra una tendencia hacia la no discriminación de estos profesionales en sus puestos de trabajo, que se plasma en los datos más recientes de este 2011, que ha comenzado con un incremento del 9% respecto al año pasado en la contratación de personas con discapacidad, según el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED).
El Tercer Sector de la Acción Social se constituye como uno de los punteros por su vocación de integración e inserción laboral, con una presencia significativa de personas con discapacidad en los equipos humanos remunerados de las entidades que en él se engloban. Estas personas representan el 9% del total de las personas remuneradas del sector, según los datos recogidos en el Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España (FLV).
Fuentes: Fundación Randstad, Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España, Custommedia, EFE.