El Defensor del Pueblo Europeo, P. Nikiforos Diamandouros, ha criticado la negativa de la Comisión de publicar sus consultas públicas en los 23 idiomas de la UE. Ello ocurre tras la reclamación de un abogado español sobre el gran número de consultas públicas cuyos documentos sólo están disponibles en inglés o en un número reducido de idiomas, a pesar de estar dirigidas al público en general.El Sr. Diamandouros ha declarado: «Los ciudadanos europeos no pueden ejercer de forma efectiva su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones de la UE si los documentos de las consultas públicas no están disponibles en todos los idiomas oficiales. El Parlamento Europeo ha adoptado recientemente una Resolución por la que insta a la Comisión a revisar su restrictiva política lingüística para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Comparto plenamente la postura del Parlamento.»
Los ciudadanos no pueden participar efectivamente en una consulta si no la entienden
La Comisión Europea organiza regularmente consultas públicas para que los ciudadanos, las asociaciones y otras partes interesadas puedan participar en el proceso de toma de decisiones de la UE. Todos los documentos relacionados con estas consultas son accesibles a través de su página web «Tu voz en Europa».
En octubre de 2010, un abogado español se dirigió al Defensor del Pueblo Europeo para reclamar contra el hecho de que muchas consultas públicas se publican únicamente en inglés. El reclamante mencionó, por ejemplo, las consultas sobre una nueva iniciativa para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y sobre la libre circulación de trabajadores. Adujo que la política lingüística de la Comisión era arbitraria y contraria a los principios de apertura, buena administración y no discriminación.
El Defensor coincidió con el reclamante en que no se puede esperar que los ciudadanos europeos participen en consultas que no pueden entender. Para el Defensor del Pueblo, el multilingüismo es esencial para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a participar en la vida democrática de la UE garantizado por el Tratado de Lisboa. La restrictiva política lingüística de la Comisión constituye, pues, mala administración, por lo que el Defensor animó a dicha institución a publicar los documentos de sus consultas públicas en los 23 idiomas de la UE o a proporcionar traducciones previa solicitud.
La Comisión rechazó las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Adujo que el principio del multilingüismo depende de las distintas limitaciones temporales y de los recursos económicos. Para la Comisión, los ciudadanos no tienen un derecho legalmente establecido de acceder a los documentos de consulta en todos los idiomas de la UE.
Tratándose de una importante cuestión de principio relativa al funcionamiento democrático de la UE garantizado por el Tratado de Lisboa, el Defensor del Pueblo se planteó presentar un informe especial al Parlamento Europeo. Sin embargo, en junio de 2012 el Parlamento Europeo adoptó una Resolución por la que insta a la Comisión a revisar su política lingüística restrictiva en materia de consultas públicas. Puesto que dicha Resolución cubre el mismo ámbito que las recomendaciones del Defensor del Pueblo, un informe especial no sería necesario.