1. La Red española de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Estado español (EAPN-ES) viene manifestando, a través de la acción de sus entidades miembros y a través de sus actuaciones conjuntas, el notable cambio que ha sufrido la realidad social española a partir de la crisis económica. Debido a la fragilidad y precariedad en el empleo, a la desigualdad existente, a la baja intensidad protectora de muchas prestaciones, situaciones todas ellas preexistentes a la crisis, la pobreza y la exclusión se han acelerado de manera notable, manifestando la situación de “falso bienestar” en la que vivíamos. La crisis, por tanto, eleva el riesgo de que se vean en la pobreza nuevos grupos de personas, sobre todo a través de la pérdida del empleo, la vivienda y del empeoramiento de los ciclos de deuda, además de aquellas que ya se encontraban en situación de pobreza y se enfrentan a un endurecimiento de su situación.
Ambos aspectos constituyen hoy, en el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL (17 de Octubre), un reto obligatorio. Por ello, queremos hacer hincapié en la necesidad de avanzar en un nuevo Modelo Social que contemple, entre sus objetivos prioritarios, los desafíos que la lucha contra las situaciones de pobreza y exclusión social hacen ineludibles, y sin los que las medidas adoptadas, ante las urgencias de la crisis, no llegan a alcanzar a todas las personas que las necesitan, ni resuelven los problemas, paliándolos tan sólo momentáneamente.
3. Entendemos que el año 2010 es un momento crucial para la Unión Europea. La crisis económica ha planteado nuevas cuestiones al poner también de manifiesto la debilidad de un modelo económico que ha promovido el crecimiento económico e incrementado el consumismo a expensas de la cohesión social. La competencia y el libre mercado han prevalecido sobre la defensa de los derechos fundamentales, y el crecimiento no ha tenido como resultado una menor pobreza, sino que ha incrementado las desigualdades entre regiones, así como entre ricos y pobres. Esto ha convertido la desigualdad en el motor principal de una economía inestable e insostenible a nivel global.
4. La crisis plantea varios retos a la Unión Europea, pero es también una oportunidad para perfilar una nueva visión para la misma y su papel en el mundo. Es necesario promover enérgicamente la visión ética y los valores de la Unión Europea, tomando como punto de partida el afrontamiento del fracaso del actual modelo de crecimiento y empleo para distribuir riqueza y bienestar de forma eficaz, combatir la discriminación y promover la cohesión social. Para lograr un “modelo de crecimiento ético y sostenible”, son necesarias una nueva visión de desarrollo sostenible y una equidad global. Este nuevo modelo social europeo debe:
- Poner la economía al servicio de las necesidades sociales (tanto para el medioambiente como para las personas), anteponiendo las personas y el planeta a los beneficios,
- Poner la economía al servicio de un desarrollo social y sostenible,
- Reducir activamente las desigualdades y la pobreza, basándose en un enfoque fundamentado en los derechos y que reconozca tanto la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social como la defensa de los derechos fundamentales, como retos prioritarios y requisitos esenciales a nivel europeo y global.
5. Pero no se trata de demandas y exigencias puramente declarativas. Para que esos objetivos se conviertan en realidad, son necesarias medidas que hagan frente a las urgencias provocadas por la crisis, yendo más allá de la misma, pues su efectividad para conseguir la cohesión social sólo puede ser real dentro de ese nuevo modelo social europeo.
Por ello, demandamos “un Pacto por la Inclusión Social” que es obligado concretar durante este período de crisis, pero que trascienda la coyuntura de la crisis. Un Pacto que no sea cuestión únicamente del Ministerio al que conciernen en exclusiva las Políticas Sociales, sino de todos los Ministerios, lo que debe ser igualmente trasladado a todos los niveles de las Administraciones Públicas, especialmente las Comunidades Autónomas-.
6. Consideramos obligado este Pacto, pues sin él será difícil resolver el déficit de Cohesión e Inclusión Social, así como adoptar las propuestas que son imprescindibles y que hemos propuesto a través del Foro de Agentes Sociales:
- Una protección social que supere los límites del sistema de garantía de ingresos mínimos. La crisis económica ha puesto de manifiesto el déficit de protección social existente en España, por lo que resulta urgente el desarrollo de un nuevo sistema de garantía de ingresos.
- Incentivar las políticas activas de empleo que favorezcan el acceso al mismo de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad o en la exclusión socio‐laboral. Es necesaria, además, una urgente elaboración de políticas públicas de fomento, potenciación y reactivación del sector empresarial de la economía social.
- Capacitación y formación como apoyo a la transición del desempleo al empleo y retorno al sistema educativo. La clave en este ámbito es la inclusión activa.
- Unas Políticas de empleo que garanticen puestos de trabajo de calidad, decentes y con capacidad de sostener una vida familiar estable y digna. El empleo es el principal mecanismo de inclusión social y salida de la pobreza, pero solo si este es de suficiente calidad como para permitirlo. Todo lo demás es pura explotación de la necesidad del más débil.
- Facilitar el acceso a la vivienda a familias con menos recursos. Es imprescindible frenar las situaciones de expulsión y pérdida de la vivienda, y realizar planes públicos para el aplazamiento del pago de la hipoteca, para abaratar el coste de los servicios de luz, agua, gas…, etc.
- Una política de inmigración donde nadie pierda en el camino de la legalidad y la integración, y con la que la población autóctona no desarrolle actitudes racistas.
- Establecer itinerarios de inserción dirigidos a las personas más vulnerables. Es indispensable la participación activa del Tercer Sector en este proceso, así como en su tarea de prevención y de apoyo a los colectivos en situación de pobreza y exclusión.
7. La cuestión no está en que desde todas las instancias de la Administración Pública se remitan las situaciones de necesidad, de pobreza y exclusión a los servicios sociales y a los departamentos correspondientes de las Políticas Sociales. La cuestión es otra: se trata de un Pacto en el que se asuma la exclusión que se genera en los ámbitos de competencia de cualquier Ministerio y/o Consejería y qué medidas se toman en esos mismos aspectos y ámbitos. Y, todo esto, hecho de forma articulada. Es decir, con un Plan que implique a todos y todas. Y, por descontado, que implique a todos los actores cívicos, económicos y sociales a través del diálogo social y del diálogo civil.