El Secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, ha pedido en Bruselas a la Comisión Europea que agilice la presentación del Reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana Europea, una de las principales novedades del Tratado de Lisboa.

López Garrido ha realizado esta petición en un debate organizado por la propia Comisión, en el que han participado el Vicepresidente de la Institución, Maros Sefcovic, y el Relator de la propuesta en el Parlamento Europeo, Gerald Häfner.

El Secretario de Estado para la UE ha señalado que la Iniciativa “es un gran elemento de participación ciudadana” y “la mejor vía para crear un debate trasnacional”. La medida permitirá “acercar Europa a los ciudadanos” y les da opción para introducir cambios legislativos en la normativa europea.

La Iniciativa Ciudadana Europea es una propuesta incluida en el Tratado de Lisboa por la que se permite a un millón de ciudadanos instar a la Comisión Europea a que inicie un proceso legislativo en un determinado asunto de su interés en un ámbito de competencia de la UE.

López Garrido ha recordado el consenso alcanzado al respecto por todos los Gobiernos europeos en la Reunión Informal de Ministros para Europa celebrada en La Granja, Segovia, en el mes de enero, y ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos vean los primeros resultados concretos del Tratado de Lisboa.

En su intervención, el Secretario de Estado se ha referido a las cuestiones que debe precisar el Reglamento, a saber:

• El número de firmas debe proceder de un 1/3  o ¼ de los Estados miembros de la UE

• Debe representar el 0,2% de la población de cada uno de esos Estados

• La edad permitida debe ser la misma que cada Estado establezca para participar en las elecciones al Parlamento Europeo

• La autenticación de las firmas deberá estar garantizada por unos requisitos mínimos comunes en todos los Estados miembros

El Secretario de Estado para la UE ha propuesto, además, un trámite formal previo a la  recolecta de firmas supervisado por la Comisión Europea para evitar que iniciativas contrarias al Tratado de Lisboa o a las Constituciones de los Estados miembros puedan ser planteadas mediante una Iniciativa Ciudadana.

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