Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, la paz y el desarrollo; y que, secularmente, el colectivo femenino ha sido más vulnerable a las agresiones y desigualdades respecto a los hombres, el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, coincidiendo esta fecha con la conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo.
Según la Resolución aprobada por la ONU el 17 de diciembre de 1997, “la violencia de género constituye una manifestación de unas relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a que el hombre domine a la mujer y discrimine contra ella, impidiendo su adelanto pleno, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se reduce a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”.
Si bien las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas varían de un contexto social, económico, cultural e histórico a otro, es evidente que esa violencia sigue siendo una realidad devastadora en todas partes del mundo. Las investigaciones, los datos y los testimonios existentes de un lado a otro del planeta proporcionan pruebas escalofriantes de que se trata de una violación generalizada y constante de los derechos humanos.
En nuestro país, a pesar de que la sociedad en general y la clase política en particular apuesta cada vez más por generalizar el concepto de “tolerancia cero” ante el maltratador, lo cierto es que, en lo que va de año, 57 mujeres han muerto ya a manos de sus parejas o ex parejas y se han registrado más de 79.000 llamadas al 016 (Servicio Telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género) desde su puesta en funcionamiento el 3 de septiembre de 2007 hasta el 31 de octubre de 2008.
El 28 de diciembre de 2004, se aprobaba por unanimidad en el Parlamento español la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con la intención de sensibilizar a la ciudadanía de la necesidad de prevención contra esta lacra social que ha superado el ámbito familiar para convertirse en un problema de Estado prioritario. Además, la Ley Integral dotaba a los poderes públicos de instrumentos eficaces para la lucha, consagrando los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género y fortaleciendo el marco penal y procesal contra los agresores.
No obstante, el inicio de la andadura institucional a nivel internacional en materias de género, lo que suponía un punto de inflexión en décadas de lucha en favor de la defensa de la igualdad de las mujeres, tuvo lugar en 1985 en Nairobi. Durante la celebración de esta II Conferencia Internacional sobre la Mujer auspiciada por Naciones Unidas, se incluyó por primera vez el maltrato contra la mujer entre las diferentes formas de discriminación; completándose en 1993 durante el II Congreso por los Derechos Humanos de Viena, momento en el que se reconoció la agresión por cuestión de género como “una clara violación de los DDHH universales”.
Fuente: Hoy